Aunque todos los diagnósticos coinciden en que faltan médicos -es un dato, basta ir por los hospitales públicos para comprobarlo- la nota más alta en la selectividad es, precisamente la de la Facultad de Medicina. En las Universidades madrileñas se exige un 8,5, lo que no deja de ser una barbaridad, pero que explica una realidad: la demanda de estudiantes que quieren estudiar Medicina es infinitamente superior a la oferta, aunque este curso se haya incrementado en 800 plazas más.
Que nos iban a faltar médicos se sabía desde hace muchos años y algunos hemos criticado abiertamente ese negativo númerus clausus, que cerraba las puertas a muchos estudiantes con vocación de médico. Como, además, los médicos españoles reciben una larga y excelente formación a costa de los contribuyentes -diez años de carrera y MIR- y luego están mal pagados, resulta que una vez formados, se van a otros países, donde se encuentran médicos excelentes a coste cero. Luego nosotros importamos médicos de otros países y miramos hacia otro lado respecto a su curriculum y experiencia, lo que es, cuando menos, una temeridad. Y, por si fuera poco, las Universidades Públicas se niegan a que se amplíen las plazas en sus Facultades y a que se creen centro privados, porque también tendrían, como las públicas, conciertos con hospitales y eso de que una Universidad privada provea de personal MIR a un centro público parece que no está bien. Si es público, estupendo; si es privado, un horror, aunque sea necesario.
Con los jueces pasa otro tanto. A pesar de que sobran estudiantes de Derecho desde hace muchos años y de que ha crecido de manera relevante el número de abogados ejercientes, un 12 por ciento de los magistrados y jueces españoles son no profesionales o interinos y ese número aumenta cada año, sin que, hasta ahora, nadie se haya preocupado por ello. Incluso hay juzgados enteros donde, salvo el juez, todo el personal es interino y por muy buena voluntad que le pongan, están de paso, saben que esa plaza no es suya y mañana pueden estar, otra vez, en la calle. Ahora el ministro de Justicia dice que va a abrir otras vías de acceso a la carrera judicial, además de las oposiciones, pero deberán pasar al menos nueve o diez años .cuatro de carrera y cinco o seis de formación especializada, para que lleguen más jueces. Largo me lo fiáis.
¿De verdad no hay otras formas, otras políticas, ningún estudio para prever las necesidades sociales en temas tan básicos como la sanidad o la justicia? Ojalá algún día la ministra Garmendia logre que haya competencia entre las Universidades y que dejemos de improvisar. También los Colegios Profesionales tendrían algo que decir sobre el futuro de la enseñanza y de las profesiones.
